Confrontando crímenes de lesa humanidad en #Mexico

Confrontando crímenes de lesa humanidad en #Mexico

Por Eric Witte

Tomado de: Open Society Foundations

El secuestro y la desaparición de 43 estudiantes mexicanos en septiembre de 2014 provocó una protesta masiva a lo largo de todo el país. En medio de informes de corrupción entre políticos locales, la policía y las bandas de narcotraficantes, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a que los responsables rindieran cuentas.

Las preguntas sobre qué les sucedió a los estudiantes aún hoy prevalecen en México.

Los aliados de los familiares de las víctimas, todos estudiantes de la normal de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, mantienen una vigilia de protesta afuera de la Procuraduría General en la Ciudad de México. Una evaluación independiente de la investigación, entregada en abril por un grupo de expertos internacionales, concluyó que las autoridades federales habían manejado mal la evidencia, ignorando pistas importantes y torturando a numerosos sospechosos para asegurar confesiones.

En última instancia, el caso Ayotzinapa ha puesto al descubierto una crisis nacional más profunda referida a la atrocidad y la impunidad en México.

Por tres años, Open Society Justice Initiative y cinco organizaciones asociadas mexicanas han buscado comprender las dimensiones y la naturaleza de la crisis.

Nuestro reporte, Atrocidades innegables Confrontando crímenes de lesa humanidad en México, analiza la escalada en la violencia desde finales de 2006, cuando el gobierno federal ordenó un despliegue a gran escala de las fuerzas de seguridad para combatir al crimen organizado.

Concluimos que hay una razón para creer que el gobierno federal y los grupos del crimen organizado (específicamente los miembros del cártel de los Zetas) han cometido asesinatos, tortura y desapariciones que han sido sistemáticos, generalizados y que han sido parte de una política para atacar a la población civil. En pocas palabras, existen bases razonables para creer que algunos de estos delitos constituyen crímenes de lesa humanidad.

El gobierno de México ha perseguido un objetivo legítimo: someter a la delincuencia organizada alimentada por armas de fuego y la demanda de drogas del norte. Pero lo ha hecho autorizando una fuerza extrajudicial abrumadora contra la población civil que se percibe como asociada con los cárteles delictivos. No ha habido una reglamentación adecuada sobre el uso de la fuerza, y casi no ha habido rendición de cuenta por los abusos. El Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Federal y la Procuraduría General han victimizado no solo a los miembros reales de los cárteles, sino a muchas personas inocentes y acusadas falsamente de formar parte del crimen organizado.

Las víctimas incluyen a Jorge Parral, administrador de un puente que fue secuestrado por criminales, ejecutado por el Ejército Mexicano y sepultado como sicario de un cártel en abril de 2010. Incluyen al comerciante José Fortino Martínez, sacado de su casa por las fuerzas de la Armada en junio de 2011 y nunca vuelto a ver. También incluyen a una sobreviviente de 20 años torturada y luego procesada por crimen organizado debido a que en junio de 2014 fue testigo de la ejecución sumaria de más de una docena de personas en Tlatlaya y luego se negó a apoyar la historia fabricada por el estado de un tiroteo. Las Fuerzas militares en Tlatlaya actuaban bajo una orden explícita de abatir.

No ha habido condenas penales ni para estas atrocidades ni para muchas otras. Solo un soldado ha sido condenado por desaparición forzada, y de 2007 hasta abril de 2015, solo hubo seis condenas federales por el delito de tortura.

México es un país de clase media, rico en capital humano. Existen deficiencias técnicas en el sector de la justicia, en gran parte por el diseño o por negligencia. Las raíces de la impunidad son políticas.

Las últimas dos administraciones han tratado de negar y minimizar el alcance de la crisis, incluso al culpar falsamente a las víctimas de la criminalidad, al atacar a los que llaman la atención sobre la crisis y al oscurecer los datos sobre el alcance de las atrocidades. Por ejemplo, el gobierno federal ha hecho pocos esfuerzos por percatarse de cuántas fosas comunes clandestinas hay en el país.

A pesar de su retórica, en la práctica, el gobierno federal ha alentado o aceptado el uso de la tortura por parte de los fiscales y la policía, tratando siempre de proteger al Ejército y a la Marina de una investigación penal adecuada. Asimismo ha optado por militarizar a la policía haciéndola propensa a cometer delitos y careciendo de personal calificado para investigarlos. Los fiscales federales han reclasificado estos delitos como infracciones menos graves; con evidencia adulterada o fabricada, enterrando los casos no deseados en laberintos de burocracia. Cuando la presión ha crecido, el gobierno ha lanzado iniciativas y reformas con bombo y platillo, solo para dejarlas sin los recursos y el apoyo político.

La Corte Penal Internacional (CPI) podría ejercer jurisdicción sobre crímenes contra la humanidad en México, pero el informe Atrocidades Innegables no es un llamado a la jurisdicción de la CPI. Por el contrario, mediante la identificación de los obstáculos a la justicia, el reporte tiene como objetivo ayudar a México en la superación de ellos y el cumplimiento de su obligación de investigar y enjuiciar los delitos de forma genuina.

Hay reformas significativas para el sistema de justicia en México en marcha. Sin embargo, estas y otras iniciativas más específicas para hacer frente a los crímenes atroces son lentas, y se presentan en el contexto de obstrucción política activa y fallas consecutivas en las reformas por décadas.

Atrocidades innegables argumenta que el gobierno federal debe tomar medidas extraordinarias para hacer frente a una crisis extraordinaria que pone en peligro el desarrollo futuro del país; debe invitar a una comisión internacional con facultades para investigar las atrocidades y la gran corrupción de forma independiente, con el objetivo de presentar los casos ante los tribunales mexicanos. Los líderes mexicanos pueden romper con las políticas de negación y obstrucción, y empezar a construir la confianza de los mexicanos en el sistema de justicia ya ausente por mucho tiempo. Hacer esto será crítico para terminar con la epidemia que sufre México de asesinatos, desapariciones y tortura.